Uruguay

Uruguay es un caso excepcional en América Latina en lo que se refiere al sistema democrático, gozando de altas puntuaciones y ocupando la primera posición en diversos índices de calidad de la democracia desarrollados por instituciones como la Freedom House, el Latinobarómetro o el Banco Mundial. Estas altas puntuaciones son expresión de la larga tradición democrática del país en comparación con los demás países de la región, establecida oficialmente a partir de la promulgación de la Constitución de 1918. Desde entonces, sólo se produjeron dos rupturas institucionales en el país, entre 1933 y 1942 y entre 1973 y 1984, y sólo durante esta última ruptura, la de la dictadura militar, se suspendieron las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos.

La democracia en Uruguay es popularmente llamada “partidocracia”, por organizarse esencialmente en torno a partidos políticos. Históricamente, esta organización ocurría en torno a dos partidos políticos, ambos fundados en 1836: el Partido Colorado, representante de los grupos urbanos, y el Partido Nacional, representante de los grupos agrarios. Con la fundación del Frente Amplio, en 1971, y el retorno a la democracia, en 1984, esta organización se modificó paulatinamente, partiendo del bipartidismo tradicional al pluripartidismo competitivo, modificando también las brechas electorales en el país: Del clivaje territorial entre lo agrario y lo urbano a la brecha ideológica entre la derecha, representada por los partidos tradicionales, y la izquierda, representada por el Frente Amplio, que desde 2005 ocupa la Presidencia de la República.

El contexto de desarrollo de las innovaciones democráticas en Uruguay está relacionado con el crecimiento electoral del Frente Amplio. En primer lugar se destacan los mecanismos de democracia directa, previstos en la Constitución de 1967 y desde 1984 integrantes de la estructura democrática en el país: desde entonces, se realizaron 17 consultas a la población a través de estos mecanismos. Son ejemplos emblemáticos la revocación de la Ley de Empresas Públicas en 1992 y la Ley de ANCAP, en 2003. Además de ser una demanda de la sociedad civil organizada, cumplieron un papel importante en la disputa entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales, sirviendo como una forma de desconcentrar el poder de las manos del Ejecutivo y de desacelerar el proceso de privatizaciones en curso en la década de 1990 no sólo en Uruguay, sino en toda América Latina, garantizando que las principales empresas del país fueran mantenidas bajo control del Estado.

En segundo lugar, se destaca el Plan de Descentralización Participativa de Montevideo, implementado en 1990 por Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, e influenciado por las primeras experiencias en curso en la ciudad de Porto Alegre. Esta innovación, basada en diálogos, presupuestos públicos y consejos de vecinos, ha ido progresivamente institucionalizándose, y desde 2005 su principal experiencia es la del Presupuesto Participativo. En tercer lugar, se destaca la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana -Ley 18.567/2009-, una iniciativa de Vázquez durante su primer mandato presidencial. Con esta ley, se establece un tercer nivel de gobierno: los municipios. Antes de esta ley, el país poseía sólo los gobiernos nacional y departamentales - compuestos por la Intendencia y la Junta Departamental. A primera vista, parece que las innovaciones desarrolladas en el país están relacionadas con los procesos de descentralización política: la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana sería una reproducción del proceso llevado a cabo en Montevideo.

Además de estas tres innovaciones destacadas, existen diversos espacios institucionalizados en el Estado, constituidos por Consejos y Comités y que cuentan con la participación de la sociedad civil. Estos espacios son temáticos y buscan involucrar tanto especialistas como a la población afectada por una determinada temática en el seguimiento de determinadas políticas desarrolladas por el gobierno. Los temas son varios, como los que se refieren a las mujeres rurales, los recursos naturales, las personas de ascendencia africana, la lucha contra la violencia doméstica, el racismo y la discriminación, entre otros.

Finalmente, Uruguay se destaca a nivel regional y mundial por sus avances en El Gobierno Digital. Especialmente relevantes son los proyectos de Gobierno Abierto, que se centran en la transparencia y la apertura de datos a la ciudadanía. La sociedad civil también se sumó en los procesos de participación digital mediante el uso de datos abiertos en el desarrollo de aplicaciones, que apuntan fundamentalmente al monitoreo y la rendición de cuentas del Ejecutivo. Se crearon plataformas colaborativas -algunas replicadas en otros países- que se basan en la participación de la población para el mapeo y la construcción de bases de datos que ayudan a generar tanto demandas como propuestas al Estado.