Argentina

Los primeros diseños institucionales innovadores en Argentina datan de las décadas de 1990 y 2000, donde aparecen diversas experiencias relacionadas con políticas sociales de vivienda, alimentación, salud, asistencia social y el acceso a derechos básicos a través de mecanismos de incorporación de la ciudadanía en la proyección y toma de decisiones de estas políticas. En el contexto de creciente desempleo, pobreza y marginación de grandes sectores sociales, que culminó en la crisis político-institucional de 2001, la sociedad buscó nuevas formas de interacción fomentando lazos de tipo horizontal e inaugurando diversos espacios asamblearios y participativos, de carácter tendencialmente autogestivo y no institucionalizado.

Por otra parte, en el ámbito estatal existen desde la reforma constitucional de 1994 diversos mecanismos de democracia directa reconocidos constitucionalmente y con réplicas de sus diseños institucionales en las constituciones provinciales, que en el sistema federal argentino cuentan con gran amplitud de facultades para regular en esta materia. El ejemplo más consolidado es el del Presupuesto Participativo, implementado en numerosos municipios y con marco institucional reconocido a través de Ordenanzas locales y Leyes provinciales.

Posteriormente, a partir de la década de 2010, las innovaciones democráticas tienden a ocuparse de otra clase de derechos sociales: las temáticas culturales, las políticas de reconocimiento de minorías, la inclusión social, cultural y política de grupos tradicionalmente excluidos, y la seguridad ciudadana comienzan a ganar espacio, siendo impulsadas fundamentalmente por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales alineados en ese momento. En las demás ciudades y regiones, donde los partidos de gobierno seguían una línea política opuesta, en cambio, se evidencia el crecimiento de  iniciativas orientadas a fortalecer el gobierno digital, la transparencia en la gestión y en períodos electorales, y el desarrollo de herramientas de gestión online para comunicar a los gobiernos con los ciudadanos.

En este contexto, tanto los espacios asamblearios, deliberativos y participativos para la formulación de políticas, de propuestas, de Proyectos de Ley como los órganos colegiados de carácter consultivo representan un sector importante de las innovaciones democráticas implementadas en la Argentina. Algunos de estos cuerpos pertenecen a estructuras institucionales creadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y cumplen el rol de acompañar la ejecución de políticas nacionales implementadas a nivel local y provincial.

Asimismo existen numerosos casos de co-gestión de recursos entre Estado y sociedad civil, principalmente en materia habitacional, de propiedad de la tierra y de producción y desarrollo rural.

Además deben destacarse las numerosas iniciativas ciudadanas de control y monitoreo, desarrolladas en muchos casos por grupos u organizaciones de la sociedad civil o por iniciativas independientes, y que han culminado en la producción de diversas plataformas web y apps para teléfonos móviles. Estas herramientas están fundamentalmente destinadas al control del cumplimiento de políticas públicas, al mapeo de situaciones de inseguridad y al control de corrupción y cumplimiento de reglamentos electorales.