Colombia

Para entender el desarrollo de las innovaciones democráticas en Colombia, es importante comprender el contexto de violencia política que ha rodeado al país durante muchas décadas. Desde el siglo XIX, el conflicto bipartidista entre los Partidos Liberal y Conservador dominó la sociedad. En 1948, el asesinato del político liberal Jorge Eliécer Gaitán desencadenó un enorme disturbio que puede ser identificado como el inicio de la era de la violencia contemporánea conocida literalmente como "La Violencia", que ha costado costó miles de vidas y causó el desplazamiento de campesinos y la destrucción de redes laborales, institucionales y familiares.

Con la esperanza de poner fin a la violencia política, los líderes liberales y conservadores decidieron iniciar el llamado Pacto del Frente Nacional en 1958, un acuerdo bipartidista mediante el cual los términos presidenciales serían compartidos durante 16 años. El descontento con este acuerdo, que negó el acceso al poder político a partidos no tradicionales y otros grupos políticos, acabó por producir la creación de varios grupos guerrilleros fundados para enfrentar el control tradicional del partido. Por otra parte, el acceso desigual a la tierra y los recursos naturales está relacionado con el surgimiento de grupos guerrilleros de izquierda, a menudo en áreas rurales remotas que carecen de una presencia activa del estado, como las FARC y el ELN.

A medida que la crisis política empeoró, la sociedad civil exigió una reforma constitucional con un plebiscito no formalizado durante las elecciones locales y parlamentarias de 1990. En consecuencia, el presidente liberal Virgilio Barco introdujo un referéndum sobre la Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 por un decreto de ley marcial. Tras una inmensa aprobación, el recién elegido presidente liberal César Gaviria formalizó en 1991 el mecanismo legal para votar a favor de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Simultáneamente, se lograron negociaciones exitosas con los grupos guerrilleros que pedían mayor control político. Sin embargo, los guerrilleros izquierdistas fueron dejados de lado y permanecieron armados y en combate a lo largo de las décadas siguientes.

La construcción de la nueva Constitución por parte de la Asamblea Constituyente elegida sentó las bases para una democracia participativa y pluralista, abriendo el espacio para un proceso de descentralización y dando mayor autonomía a las entidades territoriales locales y regionales, e introduciendo diversos mecanismos democráticos participativos. La democracia y los derechos fundamentales se convirtieron en pilares centrales y la inclusión y la participación ciudadana se establecieron como un derecho y como un deber cívico. Como resultado, a raíz de los mecanismos de participación establecidos en la Constitución y desarrollados en la Ley 134 de 1994, varias leyes sucesivas crearon docenas de diferentes canales formales participativos.

Posteriormente, entre 2012 y 2016, el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC negociaron un acuerdo de paz, que fue votado en 2016 por la población colombiana. Dado que la decisión popular fue rechazar el acuerdo, siguiendo la preocupación de la oposición de que las FARC no pagarían por sus crímenes y abusarían políticamente del país, el gobierno renegoció algunos aspectos y para fines de 2016 envió el nuevo acuerdo al Congreso, recibiendo su aprobación. Por lo tanto, este acuerdo está en su etapa de implementación por parte de las instituciones gubernamentales y los miembros de las FARC.

Muchas leyes proliferaron después de los años 1990s, abordando diversas áreas y centrándose especialmente en las políticas sociales, la seguridad y la paz, la cultura, las minorías y el desarrollo rural. Todas ellas incluyen mecanismos participativos, en su mayoría a través de consejos, comités o comisiones. Muchas de estas leyes han tenido complementos, regulaciones y modificaciones adicionales en los años 2000s y 2010s, incluyendo artículos relacionados con los mecanismos participativos.

Se considera que las nuevas tecnologías y la e-participación tienen un gran potencial y un impacto cada vez mayor. Hay innovaciones digitales lideradas por el gobierno y también por la sociedad civil. Entre los casos relevantes iniciados por el gobierno están “Urna de Cristal” a nivel nacional, con el objetivo de fomentar la transparencia, y “Bogotá Abierta”, a nivel local. Entre los casos interesantes iniciados por la sociedad civil se encuentra una plataforma virtual para proponer ideas y soluciones a temas urbanos, el “Mapa Político”.

Una de las innovaciones fundamentales que caracteriza a Colombia es la “Red Ciudades Cómo Vamos”, que tiene como objetivo generar información confiable, imparcial y comparable en temas de urbanismo, calidad de vida y participación ciudadana. La primera iniciativa fue creada en 1998 en Bogotá, y luego fue ampliada y adaptada en otras ciudades, llegando a 11 de ellas por el momento. Otro caso relevante son las Veedurías Ciudadanas, un mecanismo de representación ciudadana que permite a los ciudadanos u organizaciones monitorear la gestión pública en cada área, rama o institución del país responsable de proyectos o contratos de servicio público.

Hay otras innovaciones dignas de mención que están respaldadas por un plan gubernamental o simplemente por iniciativas de la sociedad civil, particularmente en las áreas de desarrollo rural y educación. En relación a los temas de paz, existen interesantes innovaciones de la sociedad civil que buscan reunir, reflexionar, discutir y compartir experiencias, ideas y propuestas para transformar pacíficamente los conflictos, encontrar soluciones, mejorar las condiciones de vida y la dignidad y construir la paz.