Guatemala

El carácter participativo de las políticas públicas guatemaltecas se delimitó muchos años después de la introducción del sistema de gobierno democrático en el país. Fue hasta la Asamblea Constituyente de 1945 –que subsiguió a la Revolución del 20 de Octubre de 1944–que se dio el primer paso hacia el desarrollo de una democracia participativa; dando inicio, a su vez, a la denominada “edad de oro”, la cual acabó diez años después con el derrocamiento de Jacobo Árbenz.

A partir de entonces, la noción de democracia participativa fue sustituida una vez más por un número de leyes que restringieron la inclusión de ciertos grupos de la sociedad civil. A pesar de las Jornadas de Marzo y Abril de 1962, en las que el movimiento estudiantil universitario, popular y progresista se alzó en contra del régimen militar, dichas democracias de fachada fueron legitimadas por la Constitución de 1965. Su herencia representa hasta el día de hoy uno de los mayores obstáculos para los procesos de democratización y desarrollo participativo del país centroamericano.

Fue hasta 1985, cuando inició el proceso de democratización del país, que el principio de subsidiariedad se comenzó a vislumbrar de nuevo; se introdujo el Sistema de Consejos de Desarrollo y se implementó una política de descentralización del Estado (Acuerdo Gubernativo No. 15-86). Este proceso dio autonomía política y económica a las municipalidades, y es, hasta la fecha, uno de los pilares fundamentales de numerosas innovaciones democráticas en el país. A partir de la institucionalización de las innovaciones democráticas, las iniciativas de participación ciudadana en Guatemala surgen y comienzan a  avocar principalmente por los derechos de los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana y, más recientemente, por el fortalecimiento del Estado de derecho.

Por otro lado, una década después, los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a la Guerra Civil y al Genocidio Ixil, si bien no enmarcaron un nuevo régimen constitucional ni consolidaron una plena participación de la sociedad civil–lo cual se vio reflejado, por ejemplo, en el alto nivel de abstencionismo durante el referéndum constitucional de 1999 (81.45%) –, sí delimitaron el marco legal de muchas herramientas participativas que luego se transformaron en políticas de estado. Dichas políticas fueron sostenidas en gran parte por la comunidad internacional–sobre todo entes como PNUD y GIZ.

Cabe mencionar, además, los eventos del 15 de Agosto del 2015, cruciales para los movimientos de representación ciudadana en Guatemala. Luego de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina–si bien los cambios políticos que se presagiaron después de la denominada “primavera guatemalteca” no han de facto ocurrido–, el evidente descontento de la sociedad civil ha hecho surgir numerosas iniciativas de participación e innovación.

El apoyo de las Organizaciones Internacionales se hace evidente, sobre todo, a partir de los Acuerdos de Paz, con la creación de las Mesas Intersectoriales en Washington, y más adelante, con la instauración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las herramientas participativas que se implementan a lo largo de los años de la post-guerra denotan un fuerte involucramiento de la sociedad civil–sobre todo de las comunidades indígenas del país. El vertiginoso aumento de las iniciativas por parte de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna inicia y se hace inminente luego del Referéndum Constitucional de 1999–el cual negó el reconocimiento de los pueblos originarios. A partir de ello, numerosas iniciativas de participación ciudadana comienzan a redactar y proponer la inclusión de una agenda indígena en los planes de Gobierno; a denunciar la violación del Convenio 169 de la OIT, defendiendo el derecho a la consulta previa a través de “las Consultas de Buena Fe”; y a promover el pluralismo jurídico durante el Diálogo Nacional hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala.

En el ámbito medioambiental, sin duda uno de los diseños de innovación democrática más exitosos han sido las Comunidades Forestales, creadas a partir de las concesiones forestales comunitarias realizadas por el Gobierno. El manejo comunitario promueve la sostenibilidad ecológica y el desarrollo socioeconómico del área de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya. En los últimos años se ha hecho visible, además, el aumento de las iniciativas de participación electrónica, sobre todo a través de la concertación y promoción del Gobierno Abierto y de la Carta de Derechos de Internet.